POR: CIUDADANOS DE LA CRUCEÑIDAD CONSTITUIDA EN ENCLAVE COLONIZADO EN BOLIVIA
Señor
R. M. MARTY M. NATALEGAWA (INDONESIA)
Presidente del Comité de Descolonización de las Naciones Unidas.
Los firmantes del presente testimonio, somos habitantes nacidos y originarios hijos de la cruceñidad, así como también migrantes internos y externos que hemos asumido la identidad Camba o Tupiguaraní en adopción, por amor a esta heredad territorial llamada República de Santa Cruz de la Sierra independiente y soberana desde 1810 como Provincia del Río de La Plata, luego desde 1815 ya como República de Santa Cruz de la Sierra con gobierno propio, hasta cuando se la colonizó en 1825. Integrándola como departamento de Santa Cruz dentro de la República de Bolivia en 1826.
El territorio patrio de la cruceñidad, después de su colonización se encuentra desmembrado como los departamentos del Beni, Pando y Santa Cruz, además con los territorios incorporados a Tarija, Chuquisaca, Cochabamba y La Paz, al haber sido anexada fraudulentamente con el dolo histórico de considerarnos parte territorial del Alto Perú, como integrantes de la Real Audiencia de Charcas desaparecida y reducida a un simple tribunal de alzada en 1776 con asiento en la ciudad de La Plata, influenciando solamente a las intendencias de Chuquisaca o Charcas, Potosí, Cochabamba y La Paz.
Para evitar cualquier interpretación tergiversada y malintencionada sobre nuestra demanda de descolonización, es de fundamental importancia aclarar que el movimiento emprendido por la cruceñidad anexada en 1825, persigue su emancipación y autonomía mediante el mecanismo establecido en la Carta de las Naciones Unidas del 26 de junio de 1945 en San Francisco, apoyándose en el capitulo XI y los artículos 73 y 74 de la declaración relativa a territorios no autónomos. Instrumento que fue reactivado como dispositivo de descolonización por la Resolución A/RES/55/146 del 8 de diciembre de 2000, para que en base al derecho internacional podamos establecer una coexistencia justa y racional dentro del metropolitano Estado boliviano, pues nuestra colonización sólo sirvió para disgregarnos como nación cierta y determinada, con la creación de departamentos y territorios de colonias destinados a ser conquistados y avasallados, a consecuencia de la ilegal e ilegitima anexión no voluntaria por la República de Bolivia.
La Provincia del Río de La Plata de Santa Cruz de la Sierra que fue integrante del Virreinato del Río de La Plata desde 1776, se libertó del coloniaje español el 24 de septiembre de 1810 siguiendo el ejemplo de las otras provincias rioplatenses que lo hicieron el 25 de mayo del mismo año, separada de la influencia de Buenos Aires en 1815, a causa de la rebeldía de los coroneles Ignacio Warnes y José Manuel Mercado que desconocen la autoridad del General Manuel Belgrano, comandante del Segundo Ejercito Auxiliar del Río de La Plata e integrante de la junta gubernamental con Saavedra, Castelli y Moreno, a consecuencia del abusivo y autocrático hecho de cambiar al gobernador de la provincia cruceña.
La independencia y la libertad de la República de Santa Cruz de la Sierra, fue consolidada definitivamente cuando se vence al ejército colonial en la batalla de Santa Bárbara en octubre de 1815, derrotándose el último bastión español en la provincia cruceña de chiquitos al mando del Gobernador Juan Bautista Altoaguirre, convirtiéndonos este acontecimiento histórico en las primeras repúblicas independientes en Sudamérica con el Paraguay.
La controversia histórica interna existente entre la parte occidental andina con relación a la oriental Tupiguaraní en la Republica de Bolivia, hace de necesidad imprescindible que se comprenda que la polémica entre nuestros pueblos no es de carácter político partidista, como tampoco de lucha ideológica ni de mártires del pasado en un mismo país homogéneo, sino es el resultando de la controversia por las tensiones históricas entre dos naciones diferentes, contrarias a las artificiosas interpretaciones enraizadas en lo más profundo del residuo social, basada en una visión andina de vida comunitaria y cultural que es incompatible con la del país tropical de las llanuras, productiva y de economía social de mercado.
La relación histórica que se maneja sobre nuestra anexión a la República Bolívar en la asamblea de Chuquisaca de 1825, establece la necesidad de ser aclarada por la importancia de conocer la trascendencia de la entrada del ejército colombiano – peruano al mando de Antonio José de Sucre en el Alto Perú, pues este hecho de agresión e invasión a las provincias altoperuanas ya libres de España, adquiere vital importancia cuando se cruza el río Desaguadero, hacia el territorio separado del colonialismo español por el General Pedro Antonio de Olañeta entre los años de 1822, 1824 hasta 1825, por la violación de la capitulación de Ayacucho entre Antonio José de Sucre y Don José Canterac en 1824.
El Mariscal Antonio José de Sucre, influenciado por el traidor de su tío y jefe de nombre Casimiro Olañeta, ocasionó el haber anexado a los pueblos de las llanuras al Alto Perú, sin respetar la norma del derecho internacional general del Uti Possidetis Juris, que es el territorio de toda nación y república cierta e independiente dentro de la geografía propia que en el caso nuestro poseíamos hasta 1825. Deformación ética con que se manejó Sucre que lo llevo a pensar y juzgar, fuera de todo principio del Derecho Internacional General, incluirnos en la empresa de la creación de la republica altoperuana contrariando supuestamente el pensamiento del Libertador Simón Bolívar.
La intensión de Sucre de colonizarnos fue inducida y apoyada por Casimiro Olañeta, José Mariano Serrano y la omnipotencia de la oligarquía altoperuana, concretándose el dolo que sirvió de motivó para incluirnos con fraude histórico a la República Bolívar como si fuéramos parte territorial del Alto Perú. Manejándose definitivamente la engañosa tesis de que en 1825 éramos integrantes jurisdiccionales de la Real Audiencia de Charcas y por esta violación del Derecho Internacional General, durante 183 años de vida republicana se está atentando contra la cruceñidad libre e independiente pero si colonizada. Arremetiendo la metrópoli con una intolerable agresión en forma permanente contra nuestro territorio, con la implantación en forma planeada de habitantes de la colonizadora sociedad altoperuana, imponiéndonos dispersos enclaves coloniales con el propósito de adueñarse de una región que no es propia.
La sociedad de la cruceñidad que la construimos con nuestros padres hispanos y autóctonos a lo largo de 473 años, se formó como una cultura en el país tropical de las llanuras o Camba, en base a una formación sembrada como condición propia y no racial, pero sí fortalecida por contener un carácter étnico integrado por la influencia de la Compañía de Jesús inclusive hasta el año 1767, manejada desde el Paraguay hasta nuestra separación en 1700. Elemento que sirvió como base socio espiritual de los pueblos de la Gobernación de Santa Cruz de la Sierra conocidos como chaqueño, chiquitano, mojeño y amazónico.
Los pueblos de la cruceñidad en la actualidad nos encontramos amenazados por el poder andino de la metrópoli altoperuana boliviana, por estar buscando con la agresión material y cultural nuestra desaparición en base a una disolución poblacional y pedagógica, perfectamente planeada dentro de la intencionalidad primaria que no les ha dado el resultado programado, por la asimilación de los migrantes a las costumbres del pueblo Tupiguaraní, así como también por adoptar y captar nuestras querencias como propias, al desplazarse hacia nuestros pueblos con intensiones sinceras y despojados de la proyección premeditada y articulada por la política de colonización del Estado altoperuano republicano boliviano.
La agresión sufrida por nuestra nación cierta y determinada como República de Santa Cruz de la Sierra, fue la causa de la disgregación de nuestro territorio patrio, pues antes de la anexión fraudulenta y colonización por la República Bolívar en la Asamblea de Chuquisaca en 1825, teníamos una superficie de 1.700.000 kilómetros cuadrados, constituyéndonos en Sudamérica como el tercer país más extenso después del Brasil y la Argentina, como territorio cruceño ajeno a la República Bolívar que está avasallado y oprimido al haberse violado toda norma de Derecho Internacional General o Ius Cogens, con el agravante además de la coacción ejercida por la amenaza que significó el uso de la fuerza militar de invasión colombiana – peruana, para aceptar esta situación colonizante a la que fuimos y estamos sometidos.
La heredad geográfica de la cruceñidad fue disgregada para ser integrada como parte de los territorios apropiados por los departamentos andinos de la República, así como agregados a las repúblicas vecinas por la avidez y el expansionismo, como resultado de los conflictos y los tratados desfavorables a nosotros, también por los territorios vendidos y regalados a las republicas del Brasil y Perú. Clara demostración de la nefasta forma de como fuimos colonizados y la consecuencia de la desintegración sufrida que, redujo nuestra geografía en menos de la mitad de la cual contábamos en 1825. Acción colonizante que es la causante de encontrarnos con los millones de compatriotas secuestrados por las ambiciones expansionistas, tanto de los departamentos de Bolivia como también de los países vecinos, atados mediante leyes y tratados efectuados por una potencia colonialista detentadora de nuestra administración bajo la sombra de la nulidad absoluta, por resultar nuestra anexión violatoria al Derecho Internacional General y definitivamente coactiva.
La colonización y la anexión fraudulenta de la nación cruceña ya república independiente y soberana en la República Bolívar, como agresión a pesar de la alienación cultural y poblacional que se ha sufrido, no ha logrado hacernos perder el recuerdo histórico pese a haber pasado por una situación de violencia permanente que no se ha detenido ni se ha atenuado. Viviendo hoy nuestros pueblos las acometidas de la metrópoli, con una virulencia acentuada y marcada por el odio y el rencor sin justificativo alguno, como elemento sociológico que es negativo para nuestros pueblos, por el peligro inminente de un holocausto genocida que se prepara, muy bien planificado por poderosas fuerzas foráneas confabuladas con la metrópoli que hace peligrar la existencia misma de nuestra nación diferente, cierta y determinada.
El Estado boliviano con el plan de recuperación del oriente, gestado en el extranjero bajo una supuesta descolonización a la inversa, establece contundentemente que no somos considerados parte integral de la Bolivia altoperuana y que debemos ser diluidos, pues como colonia sólo se busca concretar el asentamiento poblacional avasallador en nuestros territorios, para expulsarnos como etnia y nacionalidad cautiva que se mantiene secuestrada. Negándonos el derecho histórico como patria tropical de las llanuras por herencia ancestral y desde antes del coloniaje español inclusive, a disfrutar de la heredad que construimos con amor y trabajo y que la defendemos pese a la administración alienadora y aviesa del gobierno colonial de la metrópoli boliviana.
La acción de recolonización negativa que estamos padeciendo resignada y calladamente como nación colonizada durante la era republicana, la denunciamos ante este foro de las Naciones Unidas. DEMANDANDO la protección de la comunidad internacional contra el genocidio humano y cultural concebido contra nuestros pueblos, manejado con la implantación de un plan de concreción final de colonización, por la interpretación histórica equivocada que se maneja y para quedarse con nuestra herencia telúrica, transformando a los ciudadanos de la cruceñidad en simples parias desplazados dentro de su propia tierra, heredada y cuidada estos 473 años como nación tropical hoy sojuzgada al ser nuestro pueblo anexado y colonizado fraudulentamente por la República Bolívar.
La cruceñidad como nación sometida a una servidumbre destructiva, por nuestro intermedio invoca y se acoge en este foro de las Naciones Unidas, para que se tome nota de que a pesar de estar trastornados en nuestros cimientos históricos y culturales como pueblo y república diferente, no hemos renunciado a nuestra tierra ni a nuestra identidad foral, por lo cual nuestro reclamo está efectuado con la firmeza de una nacionalidad conocedora de sus derechos, pese a estar agredidos como consecuencia de una enseñanza distorsionada manejada desde la metrópoli del Estado boliviano.
Los pueblos que formamos la cruceñidad y hoy nos encontramos repartidos como departamentos, estamos agredidos por la metrópoli con una confabulación entre el gobierno y el ejército boliviano con la vulneración de nuestros derechos humanos, civiles y políticos. Organismos del Estado colonizador que están desconociendo la libre determinación de los pueblos de la cruceñidad, manteniéndose una sañuda persecución por las fuerzas represoras, contrariando el art. 4 – 1 de la Resolución 47/135 de diciembre de 1992, a pesar de ser derechos que están consagrados en el art. 1 de la Carta de las Naciones Unidas y el art. 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 2200 A (XXI) de 16 de diciembre de 1966, en vigencia el 23 de marzo de 1976 de conformidad al art. 49 del mismo pacto, así como también en la Resolución 2625 (XXV) de 24 de octubre de 1970.
El Comité de Descolonización de las Naciones Unidas, al ser conocedor de la violación de los derechos humanos de la cruceñidad que se encuentra como enclave colonizado, tiene la obligación de tomar competencia sobre la demanda interpuesta con la presentación del actual testimonio, por ser probatorio de la agresión y la inminente limpieza étnica y cultural que está a punto de practicarse en forma absoluta y definitiva, ejecutada con la agresión de elementos irregulares armados de la nación andina. Manejándose una xenofobia genocida dirigida contra la población civil de una nación diferente y cierta por fundamentos históricos y culturales, constituyendo el más grande holocausto que se estaría gestando en Sudamérica en pleno siglo XXI, como una aberrante situación de irracionalidad y arbitrariedad internacional que es contraria a la resolución 260 A (III), del 9 de diciembre de 1948 que entró en vigencia el 12 de enero de 1951, de conformidad al art. XIII y de la cual la colonizadora República de Bolivia es signataria.
Los pueblos de la cruceñidad cautivos y colonizados, estamos seguros que por la probidad acrisolada de los integrantes del Comité, así como por la justicia y la legitimidad de nuestra causa ajustada y fundada en la razón y el derecho. NUESTRA DEMANDA terminará siendo bien atendida y alcanzará al final los objetivos de la descolonización, mediante la autonomía que hemos ganado democráticamente y por voluntad popular, como derecho universal y fundamental que no puede ser vulnerado. POR LO TANTO denunciamos ante este foro de las Naciones Unidas, el plan siniestro del centralismo altoperuano de la metrópoli de una mal llamada recuperación político militar de la cruceñidad autonómica, manejada como enclave colonizado y estar supuestamente fuera de la realidad de Bolivia, por lo que debemos ser reconquistados con la ocupación militar ejercida en la región norte o amazónica, como también en el centro amazónico y en el sur rioplatense de nuestra heredad patria tropical.
POR LO EXPUESTO Y FUNDAMENTADO, el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas, tomando la debida atención debe en forma concluyente integrarnos en la lista como mueva nación a ser descolonizada, de la misma forma que determinó para la República de Puerto Rico por ecuanimidad y analogía jurídica internacional, concordante con lo que insistentemente se pregona por los representantes de los países no alineados entre los 24 integrantes que componen dicho comité. DETERMINANDO por la calidad humana, la imparcialidad y la equidad de los integrantes de este foro, como comportamiento honesto emitirse una resolución fijando la necesidad de efectuarse una revisión histórica sobre nuestra colonización fraudulenta en 1825. MEDIDA justiciera fundada en la integridad, la ecuanimidad y la probidad que es comportamiento primordial y fundamental de dicho foro de las Naciones Unidas, por lo cual esperamos una respuesta en justicia como sucedió mediante la RESOLUCIÓN DEL 13 DE JUNIO DE 2008 SOBRE PUERTO RICO, para apersonarnos a la reunión correspondiente en la Asamblea General de las Naciones Unidas a reforzar los fundamentos de nuestra demanda.
¡POR LA AUTONOMÍA PARA LA CRUCEÑIDAD DE LOS DEPARTAMENTOS DEL BENI, SANTA CRUZ, PANDO Y LOS OTROS TERRITORIOS AMAZÓNICOS Y RIOPLATENSES ANEXADOS DENTRO DE LA REPÚBLICA DE BOLIVIA Y DE TARIJA COMO PAUTA DE NUESTRA DESCOLONIZACIÓN!
Firmado por 350 ciudadanos de la cruceñidad y enviado al Comité de Descolonización de las Naciones Unidas, bajo el comprobante No. 9080370471 en Nueva York, Naciones Unidas en fecha 6 de noviembre de 2008. |
FUNDAMENTACIÓN HISTÓRICA Y JURÍDICA SOBRE NUESTRA ANEXIÓN FRAUDULENTA A LA REPÚBLICA BOLÍVAR EN 1825
1. LA CRUCEÑIDAD EN CRISIS POR LA AGERSIÓN COLONIAL EJERCIDA EN MÁS DE 183 AÑOS
La crisis que vive la cruceñidad esta generada como resultado de nuestra anexión fraudulenta en 1825, pese a que como Provincia del Río de La Plata de Santa Cruz de la Sierra nos encontrábamos libre e independiente desde 1810 y, como República de Santa Cruz de la Sierra desde 1815, con un atentado contra la identidad foral de nuestro pueblo que fue mantenida desde cuando nos formamos como nación amazónica y rioplatense anexada en 1825. Sociedad cruceña originalmente venida desde el Paraguay y gestionada ante el Virreinato del Perú como Gobernación de Mojos por Ñuflo de Chávez en 1560 que comprendía Chiquitos, consolidada con la fundación de su capital Santa Cruz de la Sierra a las orillas del río Suto el 26 de febrero de 1561.
Este trabajo pretende hacer reflexionar a los dirigentes y los lectores de cada una de las naciones que forman la República de Bolivia, así como a la comunidad internacional, con la denuncia de los equívocos históricos que nos están llevando a la cruceñidad a un brete sin escapatoria, para que busquemos una salida sólida y racional al peligroso estado, causado por los diversos actos posrepublicanos que están debilitando nuestra equivalencia relacionada con el pasado, el presente y el futuro de pueblos que estamos luchando desigualmente, por mantenernos vigentes como nación diferente dentro de la República boliviana, lidiando por nuestra propia sobrevivencia y por alcanzar una relación de respeto e igualdad en la actual sociedad republicana.
Los puntos vulnerables dentro de lo que significó la creación de la República de Bolivia y que nos están dañando irremediablemente, podemos traducirlos como anárquicos en el esquema que pretende crear un estado enmarcado en la visión del desarrollo andino centralista, estructurado desde la metrópoli con un sistema extraño a los anhelos de progreso y de crecimiento económico y social que busca la actual región autonomista, con su territorio que abarcaba antes de la anexión a la República Bolívar desde el norte del río Pilcomayo hasta la región del río Purus y cerca del Amazonas.
La diferencia existente del capital humano con que cuenta la República boliviana, nos hace entre los pueblos altoperuanos y de los llanos ser antagónicos y desiguales, como resultado de la influencia telúrica cordillerana y el consecuente frío de los andes, la poca fertilidad de su suelo que transforma a los naturales andinos en un ser duro e intolerante, con un comportamiento sociológico que contrasta con la idiosincrasia de los pueblos de los llanos de calidad blanda y tolerante, por ser el resultado influenciado por el trópico al contar con un medio ambiental de benignidad en su clima y la bondad del sol que nos alumbra, apoyado por la riqueza de nuestro suelo y la exuberancia de la flora y fauna.
El sentimiento encontrado de visión de vida como pueblos diferentes está agravado por la mentirosa enseñanza, buscando nuestro sometimiento para dominarnos definitivamente como nacionalidad colonizada que integramos la actual bolivianidad, violentando en forma clara y definida los derechos fundamentales, mediante el uso por parte de la metrópoli de la costumbre universal y metodología del asentamiento irregular y avasallador colonizador, ejercido por pueblos poderosos contra los más débiles, en el propósito de despojar espacios de territorio que nunca fueron de de ellos.
La descomposición en que se desenvuelve la actual sociedad boliviana, ha sido y es consecuencia del atraso y la miseria a la que estamos sometidos todos los pueblos en Bolivia, hoy como situación perversa ahondada por las artimañas contrarias a la ética universal y a las normas imperativas de Derecho Internacional General, al agredirnos con falsear la verdad histórica para encajarnos en 1825 dentro de la actual situación de colonización y estar inmersos en un estado ineficiente como el boliviano, con la falta de transparencia que se acusa y es causada por estar manejándose el Estado mediante un sistema de corrupción por una burocracia insensible y déspota.
La costumbre distorsionada y encubierta del manejo del Estado, es difícil y casi imposible de corregir como deformación socio espiritual manejada desde el nacimiento de la República , que está mantenida y fortalecida como consecuencia de la alteración moral de la misma sociedad, dentro de una realidad de corrupción que nos salpica indefectiblemente y contamina este manejo perverso del Estado desde la metrópoli entronizado en el poder político y económico instalado prematuramente dentro de la burguesía burocrática dominante altoperuana, que está transformada en una parte de la sociedad que detenta y sostiene su desarrollo en lo económico y político con una descomposición prebendalista desproporcionada.
El manejo político de agresión y disgregación contra la nación de la cruceñidad, viene desde cuando en 1842 se divide Mojos y Chiquitos, así como también en 1851 cuando se vuelve a desmembrar al ya desintegrado departamento de Santa Cruz en las provincias de Gran Chaco y Asero. Obligándonos coactivamente en 1898 por la amenaza militar, a renunciar sobre nuestro sur chaqueño que había sido anexado a Chuquisaca y Tarija. Disgregación que se sigue ejecutando ya en pleno siglo XX, con la creación de los territorios de colonias entre los años 1900 con su capital en Riberalta, así como también la creación del Departamento Pando y la Provincia Iturralde para ser anexada al departamento de La Paz , ambos en 1938.
La agresión progresiva contra la República de Santa Cruz de la Sierra , que ya estaba colonizada y transformada en departamento de la nueva República Bolívar en 1826, no ha dado los resultados esperados por nuestros conquistadores, al encontrarse nuestros pueblos fortalecidos por las migraciones honestas y espontáneas que han adoptado por amor la heredad y la cultura de la cruceñidad. Agresión que en pleno siglo XXI se está manifestando con tal virulencia, ejercida por una burocracia que se apoya en un populismo altoperuano sobredimensionado, convirtiendo a la sociedad boliviana en un escenario de pandemónium y prebendalidad alarmante, que está contaminando a todo nivel a la clase media y la trabajadora, arrastrándola en esta deformación socioeconómica con los resultados nefastos para nuestra identidad foral, nuestra ética y nuestra moral.
La acometida contra la identidad foral de la cruceñidad, está manejada con la instauración de una educación dirigida a fortalecer la cultura direccionada hacia el universo aimara y quechua por el poder centralista de la metrópoli, orientada hacia conseguir la supremacía y la preponderancia de esta sociedad formada como mestizaje en el occidente de la República. Corriente educativa que está predominando en todo lo relacionado con la civilización del incario, mediante una enseñanza que está dañando en forma definitiva y cómplice la cultura occidental cristiana implantada por los jesuitas, introducida y manejada desde la misiones chiquitanas y mojeñas del siglo XVI y que en su tiempo se constituyó en un método de excelencia admirado inclusive en Europa.
La metodología de alienación emprendida contra la identidad y la cultura de los pueblos de la cruceñidad, esta pretendiendo hacernos extinguir definitivamente con enseñanzas dirigidas hacia reestablecer en la cruceñidad un indigenismo desfasado en el tiempo y además foráneo, para de esta manera lograr nuestra desaparición de nación cierta y determinada como nacionalidad anexada fraudulentamente, al ser el resultado de la anormal creación de la República Bolívar y consecuencia de la deformación socio espiritual del ciudadano boliviano, con partidos políticos que mantienen sus tradicionales defectos, como lacras que se articulan en el centro político de la metrópoli y están diversificados durante la historia republicana entre los de izquierda como de derecha.
La deformación sociopolítica en que nos encontramos, nos está llevando a la polarización actual en la pretensión de revivir un incario disconforme con el tiempo que vivimos, pretendiendo restaurar un socialismo comunitario que está destruyendo el sistema de gobierno republicano existente, deformando los partidos políticos que son los verdaderos articuladores entre la sociedad y la administración del Estado. Agravado además por un sistema electoral imperante desde siempre, que ha admitido candidatos no idóneos para la cabeza en la administración del Estado boliviano, arrastrando a los pueblos de la cruceñidad original autóctona a estar sometidos en este estado vicioso que atenta contra se propia existencia para transformarlos en reliquias humanas históricas, avasalladas por la etnia y cultura incaica aimara y quechua.
El régimen unitario centralista, mantiene un sistema administrativo del Estado desproporcionado por el poder de la metrópoli, con la actuación de gobiernos autocráticos y dictatoriales que han agredido permanentemente a la cruceñidad, buscando destruirnos sobre la base falsa de ser ellos antirracistas y antiimperialistas, pese a ser la sociedad andina emergente de esos resabios originales imperiales aimaras, incaico y español durante su historia inclusive ancestral.
El poder político que nos gobierna y administra emerge de esos imperios del pasado y surgen del gran Collasuyo incaico colonizado por el imperio español hace más de 500 años, manejando como cultura y ética el discurso de no seas ladrón y no seas mentiroso, pero dejando esta condición con gastarse las riquezas generadas por las naciones que conforman la República , especialmente los recursos naturales no renovables traducidos en el petróleo y el gas que son nuestros y no de ellos. Haciendo definitivamente desaparecer como gas la misma hacienda del Estado, con tal desequilibrio de las reservas fiscales que esta llevando a la República de Bolivia y de paso a la nación tropical y pueblos salidos de la cruceñidad, a tal descalabro y a la categoría de pordioseros permanentes que extienden la mano buscando dádivas y regalos de naciones más poderosas.
La situación de pobreza extrema en que se encuentran los pueblos andinos y de la cual nos culpan a los de la nación tropical de la cruceñidad, no es más que el justificativo de una burocracia corrupta para escudar la falta de políticas estratégicas en la administración del Estado, basando su actuar político y administrativo en el uso del prebendalismo y el espíritu corporativo, como erróneas y corruptas formas de la metrópoli que definitivamente engañan a sus mismos pueblos del occidente boliviano, alejándonos del bien común en forma permanente a todos los que componemos la actual sociedad republicana y ser los causantes de las desigualdades que exigen solidaridad y no confrontación, como una situación agravada por la falta del rigor de la ley por un poder judicial que no logra la confianza pública, más la proyección del comportamiento gubernamental que compromete la seguridad que debe brindar el Estado, como exigencia de conductas ejemplarizadoras de los gobernantes y gobernados dentro de la sociedad boliviana.
2 LA LUCHA DIRIGIDA HACIA NUESTRA LIBERACIÓN DEL ESTADO COLONIZANTE EN QUE NOS ENCONTRAMOS SOMETIDOS POR LA METRÓPOLI BOLIVIANA
Los pueblos de la República de Santa Cruz de la Sierra que desde 1810 hasta 1825 formamos la nación cruceña libre e independiente y totalmente de España desde 1815 y separada de la Confederación Argentina formada en 1816 en Tucumán, nos encontramos sometidos a una colonización contraria a todo principio contemplado en lo postulados de las Naciones Unidas.
La lucha por liberarnos de las servidumbres impuestas en 1825, no debe equivocarse en el rumbo a seguir en la contienda por alcanzar nuestras reivindicaciones al haber sido anexados mediante el fraude histórico, manejando la cruceñidad conformada por los pueblos y territorios de la cordillera de los chiriguanos, como de los llanos tropicales rioplatenses y amazónicos una argumentación orientada en las normas que nos demanda el litigio no político partidista, sino de liberación y descolonización de una nación cautiva y anexada. La estrategia por la liberación de la cruceñidad debe estar orientada con la fortaleza necesaria, porque la lucha emprendida puede durar décadas, años y aun siglos, pese a estar fortalecida por la nulidad absoluta en la agresión coactiva contra nuestra independencia y libertad que no prescribe nunca.
El conseguir emanciparnos de las coacciones a las que nos sometieron y nos tienen sometidos los poderes hegemónicos de la metrópoli, no debe ser dirigido al alegato político partidista contra un gobierno circunstancial, porque se estaría distorsionando las luchas por nuestras reivindicaciones históricas emprendidas para recuperar los derechos fundamentales agredidos como nación indiscutible y determinada. Esta argumentación en la lucha por la liberación de nuestra colonización, debe estar encaminada hacia la búsqueda de la consolidación autonómica de la región oriental de Bolivia como componentes de la cruceñidad, liberándonos de la sujeción impuesta por la sociedad del Collasuyo o del Alto Perú que nos está agrediendo por más de 183 años y esta controversia debe efectuarse buscando el apoyo de la justicia internacional, por estar demostrada la perversa situación colonizante en que nos encontramos.
Los pueblos que formamos la cruceñidad desde 1810 hasta antes de nuestra anexión tramposa entre el 10 al 28 de julio de 1825, por más que hoy muchos de ellos estén en poder de potencias extrajeras y los departamentos andinos de Bolivia, como nuestros hermanos de sangre e historia separados de la tierra madre, con la nulidad de haber sido efectuado por tratados apócrifos de una nación colonizante, al ser pueblos hermanos en historia y continuidad territorial tienen el deber de manejarse con la solidaridad histórica, tanto los del oeste brasilero dentro de los actuales estados de Amazonas, Acre, Rondonia y Matogroso, como los del norte Paraguayo en el Chaco y los del noreste peruano, por lo que deben solidarizarse aunque sea moralmente con sus hermanos cautivos por la sociedad de la metrópoli del Collasuyo boliviano.
Los vínculos indestructibles de sangre, geografía e historia están demostrados por la solidaridad con nuestros hermanos pandinos, obligándose por esto en apoyarnos aunque moralmente para fortalecernos en la defensa contra las agresiones genocidas de los descendientes del imperio incaico, como también en la lucha emprendida por nuestra descolonización, al ser un derecho inalienable por haber sido colonizados mediante la violación de una norma intencional de derecho general y la coacción, como nulidad absoluta que no prescribe en el tiempo.
Los pueblos al oriente del Collasuyo o Alto Perú boliviano que se constituían antes de nuestra colonización y posterior disgregación como República de Santa Cruz de la Sierra , estamos agredidos en nuestro territorio con una superficie que abarca desde la banda norte del río Pilcomayo hasta las cercanías del río Amazonas y como sociedad que se encuentra cautiva y colonizada en diferentes repúblicas, estamos obligados a conocer nuestra realidad histórica para instruirnos en la identidad foral que viene desde antes de la formación de la República Bolívar y las otras repúblicas vecinas, por la necesidad de estar al corriente de quienes somos, para que asumamos en forma concluyente nuestros derechos inalienables como nación diferente cierta y determinada colonizada.
Los gobernadores, los cívicos y los líderes de nuestros pueblos cuando conozcan sus orígenes y esencia, definitivamente manejaran los movimientos de reivindicación fortalecidos por el conocimiento de nuestro pasado histórico, transformándose en responsables con nuestro presente para asumir de una vez por todas con la valentía y la fortaleza lo que nos tiene deparado el destino en el futuro. Luego como conocedores de la existencia de una diferencia en la concepción social y de vida nuestra que es contraria a la de los pueblos andinos, como realidad nos den la certeza de llevarnos por el camino real y objetivo para alcanzar la liberación de nuestra nacionalidad, dentro de las autonomías para nuestros pueblos colonizados.
El análisis de los sucesos que marcaron la situación de anexión fraudulenta y colonización, es una demostración clara como verdad histórica de la trampa sufrida por nuestros pueblos forjadores de la cruceñidad, para que en base a esta verdad orientemos nuestro comportamiento en la controversia emprendida, pues la polémica planteada por las reivindicaciones de nuestros derechos fundamentales como ser la autodeterminación. Al ser una nación libre e independiente pero colonizada, tiene que entenderse que nuestra lucha no es un movimiento político partidista ni es cuestión ideológica sectaria, sino que es el camino hacia manejarnos en una dirección serena y lúcida para lograr de una vez los objetivos de nuestra autonomía basada en el libre albedrío, como una nación diferente que está mantenida y agredida, además sometida y la humillada por el poder hegemónico de la metrópoli del andismo occidental boliviano.
3. LA ARBITRARIA DENOMINACIÓN DE MEDIA LUNA PARA IDENTIFICAR A LA CRUCEÑIDAD ES CONSECUENCIA DE NUESTRA COLONIZACIÓN Y ALIENACIÓN HISTÓRICA
Los habitantes de la cruceñidad como ciudadanos identificados con su región, debemos estar concientes de que por nuestra anexión fraudulenta hoy estamos catalogados por desconocimiento de nuestra historia, como la media luna que no mantiene interrelación alguna con el Collasuyo altoperuano, ni siquiera como desprendimiento parcial de un mismo territorio geográfico en el Estado boliviano.
La caprichosa denominación que nos ha impuesto la metrópoli y ha hecho eco en nuestro vocabulario como la región de la cruceñidad, constituye de todas maneras una coincidencia elemental que conjunciona nuestros orígenes como recuerdo histórico de lo que somos, pues la región cruceña comprende desde el río Pilcomayo al norte constituyendo en Tarija el llamado Gran Chaco. Esta cruceñidad se complementa con el llamado Chaco chuquisaqueño, formando con la parte del Chaco tarijeño y cruceño el gran territorio chiquitano, integrado al Chaco beniano con la gran sabana mojeña y la selva amazónica en los actuales departamentos de Santa Cruz, Beni y Pando. Además tenemos nuestros territorios cautivos, como el llamado trópico cochabambino y la región amazónica anexada a La Paz , en demostración fehacientemente de que la verdadera denominación con la que se debe hacer referencia a la región que redime la autonomía, en ningún momento puede ser Media Luna sino los pueblos de la cruceñidad.
La provincia y luego república que da origen a la cruceñidad, por historia y geografía no puede ser catalogada altoperuana ni charqueña, por ser de origen paraguaya y porque antes de su anexión fraudulenta había consolidado su independencia plena y total del yugo colonial español en octubre de 1815, completamente separada de las cuatro provincias del Alto Perú después de ganar a los españoles en la batalla de Santa Bárbara en la región chuiquitana. Nación y República cruceña que se mantuvo fuera de la jurisdicción Argentina cuando se fundó el 9 de julio de 1816 en Tucumán, como hecho histórico que integró por decisión propia mediante delegados enviados a las intendencias de Potosí, Chuquisaca o Charcas y Cochabamba y no así a la Intendencia de La Paz que no tuvo presencia por su inclinación de pasar a depender de Lima por razones de raza, cultura e historia.
Los antecedentes históricos manejados por narradores andinos, así como también por orientales y foráneos demuestran que fuimos integrados al Virreinato del Río de La Plata desde 1776. Además independientes y libres desde 1810, pero anexados fraudulentamente a la República Bolívar , mediante la tramoya montada entre el 10 al 28 julio de 1825 en la asamblea del Alto Perú, instalada en la ciudad de La Plata de la Intendencia de Chuquisaca o Provincia de Charcas. Antecedentes que demuestran la anexión de nuestra República que nos llevó a ser cautiva y colonizada, como consecuencia de toda norma imperativa de Derecho Internacional General violada, por lo que tenemos como nación colonizada la capacidad para demandar la Nulidad Absoluta ante el Tribunal Internacional de Justicia, por haberse afectado nuestra anexión fraudulenta mediante la Coacción y la violación del Ius cogens.
La Nulidad Absoluta aludida por la violación al Derecho Internacional General, está reforzada con la Coacción ejercida que significo la violenta imposición de la sociedad altoperuana, ante la amenaza del uso de la fuerza militar de invasión del ejército colombiano – peruano al mando de Antonio José de Sucre, para aceptar estar colonizada a la República Bolívar , cuando fue ocupado todo el territorio del Collasuyo del Alto Perú boliviano desde abril de 1825. Todo ello a causa de la muerte del General Pedro Antonio de Olañeta y la capitulación de su fiel Barbarucho, por la invasión ejecutada obedeciendo las ambiguas instrucciones del Presidente de Colombia y Dictador del Perú Simón Bolívar, con la violación del tratado saliente en la Capitulación de Ayacucho en 1824, pues el Alto Perú ya no era español porque el Imperio Ibérico llegaba solamente hasta el río Desaguadero.
El debate por la emancipación y la liberación de nuestra República cruceña cautiva y colonizada, reitero que no es de tinte político y por ello no debe estar preñado de ingredientes y de ideologías partidistas, sino que mediante la unidad de criterios y objetivos debe estar dirigido hacia mantener y recuperar nuestra identidad foral como pueblos diferentes y ciertos, manejándose los discursos y las acciones orientadas a liberarnos de las servidumbres impuestas. Como así también a rescatar nuestro pasado, conocer nuestro presente y consolidar nuestro futuro para preservar nuestra existencia como una nación que se encuentra colonizada, oprimida y humillada en la República boliviana. Además como etnia oriental en los llanos tropicales, al estar diferenciada totalmente con la de la civilización del incario, como nación de la cruceñidad que somos de origen Tupiguaraní merecedora de ser respetada y no estar agredida en la República.
El análisis que se hace llegar es un mensaje de concientización a los pueblos que conforman la cruceñidad, así como a la comunidad internacional mediante el testimonio a los organismos pertinentes de las Naciones Unidas, constituyendo una recordación histórica sobre quienes somos y de donde venimos, dentro de la condición jurídica que fue violada por los gestores de la República Bolívar. Elementos históricos que fueron utilizados con dolo, fraude y coacción que nos dan los fundamentos válidos, para demandar la nulidad absoluta de nuestra anexión fraudulenta ante el Tribunal Internacional de Justicia, por la fuerza emanada del quebrantamiento de nuestra soberanía y los derechos fundamentales a la autodeterminación, manejando aviesamente nuestro cautiverio con el secuestro histórico en que nos encontramos hasta hoy día y en pleno siglo XXI y colonizados en contravención al Derecho Internacional General, por la inexistencia de un pacto o tratado que legalice y legitime esta condición, dejando sin efecto nuestra anexión fraudulenta y coactiva por representar un hecho efectuado contra nuestro territorio y derechos soberanos.
La anexión fraudulenta ejecutada contra la Nación cruceña ya constituida libre e independiente desde 1810, en República desde 1815 hasta 1825 está demostrada por no existir representantes legítimos ni ilegítimos de la cruceñidad, para que se consensuaran los 21 puntos existentes y concluyentes como tratamiento inexcusable instruido por la Carta Capitular de Santa Cruz de la Sierra el 9 de abril de 1825, entregada para su cumplimiento a Vicente Seoane y Vicente caballero, como elementos imprescindibles e irrevocables para dar legalidad y legitimidad internacional a la unión de la República de Santa Cruz de la Sierra con el Alto Perú para formar parte de la República Bolívar , fundamentos que no fueron tratados en la asamblea de Oruro que debió ser instalada el 19 de abril, ni en la de Chuquisaca del 10 al 28 de julio de 1825.
4. LA ENSEÑANZA DE NUESTRA HISTORIA COMO PUEBLOS DE LA CRUCEÑIDAD ES Y HA SIDO MEZQUINA POR EL MANEJO DISTORCIONADOR DEL PODER COLONIZADOR DE LA METRÓPOLI ANDINA
La historia boliviana ha sido y es ingrata y mezquina para los pueblos de la República de Santa Cruz de la Sierra , haciendo que olvidemos nuestro pasado y se nos obligue en pleno siglo XXI a revivirlo como en 1825. Esta vez con el peligro definitivo de sufrir la desaparición como sociedad diferente, por la agresión étnica ejercida como acometida final de la sociedad del Collasuyo del Alto Perú boliviano, por un interés hegemónico que ha buscado desde siempre la perdida de nuestra identidad foral, al inculcarnos la falsedad de que fuimos y somos parte del Alto Perú, como también integrantes en 1825 de la Intendencia de Chuquisaca o Charcas, pues la Real Audiencia de Charcas se había extinguido como jurisdicción administrativa en 1776.
La villanía histórica viene por el supuesto olvido cómplice e interesado de nuestros propios historiadores que nunca nos enseñaron que pasamos a ser parte y jurisdicción del Virreinato del Río de La Plata , como gobernación y provincia de origen paraguaya que fuimos desde 1776, como hecho sucedido también con las intendencias altoperuanos de Potosí y La Paz con sus territorios correspondientes al altiplano o Alto Perú, que fueron ampliados por acción de las conquistas incas con la agregación de las intendencias de Cochabamba y Chuquisaca en los valles, manejadas en identificación plena con la República del Perú por razones históricas, de fisiografía y de cultura étnica.
La falacia y el embuste histórico de ser altoperuanos y charqueños que se nos ha enseñado por más de 183 años, está orientada hacia el indismo andino sobre nuestros orígenes, con la invención de que los pueblos de la cruceñidad éramos parte de la Real Audiencia de Charcas aún en 1825. Audiencia que fungía como el más alto tribunal de la corona española y cuyos límites territoriales fueron ampliados por el Rey Felipe II con las gobernaciones de Tucumán y Santa Cruz de la Sierra , con los Llanos de Manzo existente entre el río Pilcomayo y el Bermejo y los llanos de Ñuflo de Chávez o Chiquitos, como con la provincia de Moxos en 1563. Además en 1566 se incorporan las gobernaciones del Río de La Plata y del Paraguay, coincidente cuando en 1552 el Papa Julio III dio jurisdicción eclesiástica a Charcas sobre parte de Chile, el Tucumán y el Río de La Plata. Luego en 1605 el Papa Paulo V, incorporó a esta jurisdicción eclesiástica los obispados de nuestra señora de La Paz y San Lorenzo de la Barranca.
Los gobiernos de Moxos y Chiquitos, estuvieron subordinados al Virreinato de Lima y a la Real Audiencia de Charcas como todos los territorios al este y sur de la cordillera de los Andes, pero no formaron parte del Alto Perú por ser diferentes étnica y geográficamente, además como territorios misionales mantenían una verdadera independencia de Lima, sólo recuperada con la expulsión de los jesuitas en 1767, por lo que pasaron a estar subordinados en algunos aspectos a la audiencia hasta que en 1776 pasaron a la jurisdicción administrativa del territorio del Virreinato del Río de La Plata.
La enseñanza histórica falseada y engañosa sobre los orígenes de nuestros pueblos hizo que casi olvidáramos nuestro pasado, así como también la mentira enmascarada y fraudulenta de como fuimos anexados a la República Bolívar en 1825, efectuada con la violación de los representantes de las naciones de Colombia, Perú y Argentina de las normas imperativas de Derecho Internacional General que regían en esa época. Constituyendo una omisión cómplice de lo sucedido con nuestro pueblo ya libre de España, de Argentina y de Charcas o Chuquisaca desde 1810 hasta 1825, llevando los sucesos fraudulentos manejados en la Asamblea de Chuquisaca a que se nos transformara en pueblos anexados, cautivos y colonizados.
Los pueblos de la República de Santa Cruz de la Sierra en pleno siglo XXI, estamos siendo agredidos mediante una apócrifa asamblea comenzada en la ciudad de Sucre, con aprobación de una Constitución en grande en la ciudad de Yotala, para luego en la ciudad de Oruro se la concrete en detalle. Constituyendo estos sucesos los elementos coincidentes que nos hacen revivir nuevamente los actos fraudulentos de 1825, pero esta vez no por la falta e inexistencia de delegados, si no por representantes foráneos incrustados en nuestra cruceñidad, como elementos de avanzada colonizante de la sociedad del Collasuyo del Alto Perú boliviano, culturalmente y de identidad relacionada con nuestros históricos conquistadores neoimperialistas.
5. EL DERECHO JURÍDICO CON QUE CUENTA LA CRUCEÑIDAD PARA ALEGAR LA NULIDAD ABSOLUTA DE NUESTRA FRAUDULENTA Y COACTIVA ANEXIÓN POR LA REPÚBLICA BOLÍVAR ES CIERTO Y DETERMINANTE
La nulidad absoluta de nuestra anexión fraudulenta ejercida por la República Bolívar , debe ser alegada por nuestros actuales departamentos cautivos y aun obligatoriamente declarada nula de oficio por el Tribunal de Justicia Internacional respectivo, por ser una consecuencia del resultado de la trasgresión al Derecho Internacional General, como norma imperativa que estaba reconocida por el mismo Libertador Simón Bolívar en varias de sus cartas, entre ellas las del 21 de febrero y 25 de mayo de 1825.
Lo expresado por el Libertador Simón Bolívar en estas comunicaciones con Antonio José de Sucre, muestra la violación del Derecho Internacional General derivado de reglas establecidas por la costumbre, por lo que nuestra anexión fraudulenta y coactiva a la República Bolívar al habernos involucrado mediante el fraude y el dolo histórico como parte territorial del Alto Perú, constituye un engaño que inclusive llevó a hacer caer al Libertador, en el error de identificar a los pueblos y la nación de la cruceñidad Tupiguaraní, como autóctonos integrantes del imperio incaico a pesar de ser diferentes en raza y geografía. Relacionándonos con el hecho sucedido en el Tahuantinsuyo o territorio incaico de origen andino y peruano, con la confusión que lo llevó a lisonjear a Sucre catalogándolo vengador de los incas, restaurador de sus hijos y libertador del Perú, fortaleciendo el pensamiento y la decisión propia del Mariscal de Ayacucho de anexarnos a los pueblos Tupiguaraní como altoperuanos andinos incaicos, dentro del más grave error histórico que fue manejado con dolo y corrupción.
El atentado perpetrado contra la independencia de la República de Santa Cruz de la Sierra , constituye una agresión contra nuestra soberanía que muestra claramente la flagrante contravención del Derecho Internacional General reconocido como doctrina universal desde 1819, al involucrarnos en una situación de anexión fraudulenta y con dolo como si fuéramos parte del Alto Perú y de la Real Audiencia de Charcas en 1825, ejecutada además mediante la invasión ejercida por los colombianos y peruanos después de la capitulación y el tratado de rendición con España de Ayacucho en 1824.
La anexión fraudulenta de los pueblos de la cruceñidad que se acusa, se la efectúa mediante el dolo y la violación contra el Derecho Internacional General por Simón Bolívar apoyado por Antonio José de Sucre, Casimiro Olañeta y José Mariano Serrano entre otros, constituyendo en forma definitiva y concluyente una infracción que nos da plena facultad y autoridad, para demandar ante el Tribunal Internacional de Justicia la nulidad absoluta de nuestra tramposa anexión, por lo tendenciosa y premeditada de la acción dolosa mantenida inclusive durante la era republicana, que está llevando a nuestra República cruceña ya libre e independiente hasta 1825, a sufrir violencias tanto materiales como espirituales con el propósito de destruirnos como grupo humano diferente, cierto y determinado.
La prueba de que la ya república cruceña fue anexada fraudulentamente, está demostrada por el análisis de la nómina de los diputados presentes en la primera. sesión de la Asamblea en la ciudad de La Plata en Chuquisaca iniciada el 10 de julio de 1825, como se verifica en su artículo décimo sobre la inexistencia de los dos supuestos diputados Seoane y Caballero, de entre los cinco representantes que había determinado Sucre debían concurrir a Oruro según el decreto del 9 de febrero de 1825. También se demuestra la inexistencia de los representantes cruceños en la cuarta. sesión del 18 de julio de 1825 que discute como punto principal la formación del Alto Perú en república independiente, según el punto cuarto.
Las discusiones sobre el futuro del Alto Perú siguieron sin contarse con la presencia de los diputados cruceños, como se muestra en la quinta sesión y luego en la del 21 de julio de 1825, en las que figura como presidente de la Asamblea de Chuquisaca José Mariano Serrano, que era secretario y representante de Charcas o Chuquisaca en la asamblea de Tucumán en 1816 y por lo tanto integrante responsable de la fundación de la República Argentina y transformado en consecuencia como traidor a su condición de argentino, al ser Presidente de la Asamblea de 1825 y el principal personaje para crear la República Bolívar.
La octava sesión del 28 de julio de 1925 tampoco contaba con la existencia de representantes cruceños, votándose en ella concretamente la independencia del Alto Perú tanto de la Confederación del Río de La Plata creada en 1816 como de la República del Perú en 1821. DETERMINANDO ADEMÁS QUE ESTA MATERIA SOBRE LA INDEPENDENCIA DEL ALTO PERÚ ESTABA SUFICIENTEMENTE DISCUTIDA , sin contemplar el tratamiento de los 21 puntos del mandato recibido por Seoane y Caballero por no estar presentes. Violándose el derecho a la libre determinación de los pueblos de la cruceñidad y procediéndose como determinación final a nombrar la comisión encargada del proyecto de resolución y conclusión en el congreso constituyente empezado el 10 y concluido el 28 julio de 1825.
La nulidad absoluta del acto que significo nuestra anexión fraudulenta en la República Bolívar , al no prescribir pese a haber pasado 183 años según el Orden Internacional de Derecho Público, debe demandarse por la violación que significo a la norma internacional imperativa y general que se manejaba, así como también por la coacción ejercida mediante la amenaza del ejército colombiano – peruano, para imponer sea aceptada nuestra incorporación a la República altoperuana, por la amenaza que significo el uso de la fuerza por el ejército de invasión al mando de Antonio José de Sucre para obligar a nuestros pueblos y nación Tupiguaraní estar sujetos como nación colonizada.
la nulidad absoluta de nuestra anexión debe ser demandada por obligación histórica como nacionalidad agredida por todos los pueblos de la cruceñidad, al estar nuevamente en el siglo XXI amenazados por el ejército boliviano y fuerzas paramilitares que están siendo manejadas por el gobierno andino, buscando imponernos a pesar de ser una nación diferente una Constitución de tinte indigenista incaica que definitivamente nos elimina del contexto boliviano e internacional como nación de las llanuras Tupiguaraní.
Los pueblos de la cruceñidad colonizada, estamos en la obligación histórica de denunciar y peticionar esta nulidad absoluta de nuestra anexión por fraudulenta ante el Tribunal Internacional de Justicia, además por la coacción que significó la consolidación de nuestra agregación ilegítima al Estado Bolívar. Además por estar agredidos en nuestra soberanía y el derecho a la libre determinación nuevamente en pleno siglo XXI, por la infracción al Derecho Internacional General concordante con nuestra anexión fraudulenta de 1825, agravada hoy por la violación de la norma imperativa general al irrespetarse de parte de nuestros secuestradores históricos, la condición de nuestra identidad como república cierta y diferente que fue colonizada.
Las fuerzas del poder altoperuano que están manejando una Constitución que hace desaparecer el sistema republicano de gobierno y lo replaza por un estado comunitario, disgrega a la colonizada República de Santa Cruz de la Sierra en un conglomerado autóctono de 294.520 personas dispersas en 33 naciones difusas de una población de la cruceñidad de 3.829.069, no sobrepasando el 7,69 % para ser manejadas por el centralismo de la metrópoli de influencia cierta aimarista. Excluyendo a la cruceñidad independiente y libre de la colonia española, como también de la Argentina y del poder altoperuano olañetista pactado en forma definitiva el año 1824, como más del 92,31% de la población que somos demostrando el irrespeto contra nuestro territorio e identidad foral, de nación libre e independiente que la mantuvimos hasta nuestra anexión fraudulenta y coactiva en la República Bolívar en 1825.
la demostración de esta aberración jurídica internacional, esta presente por el Acta de la Independencia del 6 de agosto de 1825 y la ley de Creación de la República Bolívar del 11 de agosto de 1825, como documentos históricos que sólo contemplan para formar la República el territorio del Alto Perú y del cual nosotros de ninguna manera somos parte, pues al ser República cruceña no se nos toma en cuenta como país tropical y de las llanuras, diferentes al Alto Perú y con identificación foral propia que se mantiene fortalecida y vigente, pese a las agresiones sufridas por la foránea fuerza militar derivada del ejército colombiano – peruano que nos mantiene agredidos coactivamente.
La coacción que se acusa está mantenida mediante la coerción ejercida, por una política neocolonial andina que está violentando nuestros derechos fundamentales como pueblos de las llanuras y de la cruceñidad, obligando y exigiéndonos a demandar nuestra liberación con acogernos al artículo 33º de la Carta de las Naciones Unidas, que maneja el principio de la solución pacífica de esta controversia histórica que significo nuestra anexión por el fraude, el dolo y la coacción.
6. LA COACCIÓN QUE SE EJERCE CONTRA LOS PUEBLOS DE LA CRUCEÑIDAD CON MEDIDAS ECONÓMICAS UNILATERALES MENEJADA POR EL GOBIERNO ANDINO Y LA AGRESIÓN ARMADA POR EL EJERCITO BOLIVIANO SON ACTOS COLONIZANTES CONTRARIOS AL DERECHO INTERNACIONAL
Las medidas económicas unilaterales del gobierno neocolonial del Collasuyo del Alto Perú boliviano, están siendo utilizadas como instrumento de coacción para obligarnos a mantenernos sumisos a sus designios, negándonos los recursos venidos de nuestras propias riquezas petrolíferas, gasíferas y otras renovables con prohibirnos exportar. Actitud colonizante e imperialista que es contraria a la Resolución de las Naciones Unidas No. 57/5, 3281 (XXXIX) de 1974, como medida que pretende rendir por el hambre, la miseria y la desesperanza a los pueblos de la cruceñidad Tupiguaraní considerados su enclave colonizado.
La coacción que significa la amenaza intolerante y fanática ejercida por el ejército de un pueblo foráneo y resultante del resabio incaico, con el peligro que lleva de la inminencia de una invasión armada y genocida, apoyada por paramilitares de los pueblos del Collasuyo altoperuano contra la nación de los llanos tropicales de la cruceñidad, está haciendo constituirse en real un nuevo holocausto, con el riesgo de atentarse contra la paz interna e internacional que es responsabilidad de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos prevenirlo.
La agresión que se está manejando por el gobierno andino de la metrópoli, de negarnos el uso de nuestros recursos económicos como resultado de nuestras propias riquezas, así como negarnos el energético necesario para manejar nuestro desarrollo agro productivo, constituye un delito de lesa humanidad por estar apoyado en el ataque y la acometida irracional del ejército boliviano, apoyados por grupos paramilitares con instrucción gubernamental contra la población civil de la cruceñidad, constituyendo la construcción de un genocidio inaceptable para la comunidad internacional honesta y no comprometida.
El genocidio se produce por estar invadiéndose nuestro territorio y nuestros pueblos con la anunciada agresión manejada por hordas drogadas con la supuesta hoja sagrada que no es nuestra culturalmente y el alcohol, demostrándose esto por lo planeado y sucedido en el Departamento de Pando y se pretende reeditar este genocidio con Santa Cruz de la Sierra y su departamento, como también con Trinidad y el Beni entero. Hecho criminal y de lesa humanidad que está contrariando el artículo 1º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, manejado como doctrina universal por las Naciones Unidas sobre la solución pacífica de los conflictos locales y regionales por comprometer la causa de la paz y la cooperación entre los pueblos del mundo.
Los ciudadanos de la cruceñidad que engloba a los pueblos de los departamentos autónomos de la República de Bolivia, como son el Beni, Pando, Santa Cruz, así como Tarija sin relación histórica alguna con las intendencias del Alto Perú estamos obligados a asumir nuestra identidad en base al conocimiento de nuestra verdad histórica, como también de ser los responsables de recuperar y reivindicar nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Apoyando la lucha con la ayuda de los publicistas o historiadores de la cruceñidad, por la obligación que tienen de hacer y difundir una revisión actualizada, por el compromiso de reparar el daño causado a nuestra nacionalidad cautiva, colonizada y alienada por la falta de fuerza espiritual, haciendo conocer al mundo por los medios internacionales de derechos humanos, la servidumbre impuesta por esta sociedad andina diferente y foránea que nos mantiene dentro de una feroz dependencia.
La emancipación y la liberación de los pueblos de la cruceñidad como parte indisoluble de nuestra identidad foral, no están en una lucha separatista con relación a la República de Bolivia, por no existir un pacto que en 1825 nos uniera jurídica y legítimamente mediante un tratado válido y legítimo con el Estado Boliviano, pues nuestra lucha emancipativa y liberadora sólo busca conseguir y conquistar el respeto que nos merecemos como pueblos diferentes, ciertos y determinados, dejando así nuestra nación ser cautiva y colonizada por estar negados nuestros derechos fundamentales, o en su caso luchar en alcanzar la independencia justa para voluntariamente, estar asociados libremente a la unitaria República andina.
7. LOS PROTAGONISTAS DE LA INDEPENDENCIA DE LA REPÚBLICA BOLÍVAR CASIMIRO OLAÑETA Y JOSÉ MARIANO SERRANO SON TRAIDORES Y PRINCIPALES CAUSANTES DEL DESASTRE DE CORRUPCIÓN EN QUE SE BEBATE LA NACIONALIDAD BOLIVIANA
Los protagonistas de la independencia de Bolivia según la historia andina, son personajes del Alto Perú y no existen representantes de la cruceñidad por no ser parte de ésta República ni de Chuquisaca o Charcas, entre ellos tenemos a Casimiro Olañeta como gran traidor de la causa altoperuana emprendida por su tío el General Pedro Antonio de Olañeta, también a José Mariano Serrano traidor a su patria Argentina y a la cual contribuyo como fundador en la Asamblea de Tucumán el 9 de julio de 1816 representando a Charcas o Chuquisaca y como su secretario. Traidores estos a sus respectivas realidades, comprometiendo dentro del complot urdido a Antonio José de Sucre y Simón bolívar, para transformarlos en los principales gestores de la ilegítima creación de la Republica Bolívar , como coautores del perverso estado de degradación socio espiritual en que nos encontramos sumidos por accidente histórico, al ser pueblos Tupiguaraní cautivos y sometidos.
La hipocresía y la impostura con la que actuaron estos protagonistas de la independencia de Bolivia, significó una clara violación de la norma imperativa de Derecho Internacional General, como está probado por las afirmaciones contenidas en las diferentes comunicaciones entre el Libertador Simón Bolívar y Antonio José de Sucre, reconociendo el Orden Internacional instaurado en 1819 que no podía romperse y ni violarse.
La simulación sobre nuestra integración voluntaria a la República Bolívar , está demostrada por falta de un tratado basado en el procedimiento del cumplimiento de un acuerdo con la República de Santa Cruz de la Sierra , según los 21 puntos ordenados por la Carta Capitular del 9 de abril de 1825. Demostrándose por esta causa que nuestra lucha por la emancipación y liberación como pueblos colonizados situados al oriente de la cordillera de los andes en Bolivia, no es un proceso separatista por no existir unión alguna con la República Boliviana y lazos con el Collasuyo del Alto Perú boliviano no preexistentes, en consecuencia no puede haber separación de lo que no está unido y que sólo se mantiene como colonia por nuestra parte, entre naciones diferentes sin tratado alguno dentro de una situación violatoria al Derecho Internacional General.
La relación del odio exacerbado con que se maneja la sociedad del Collasuyo del Alto Perú boliviano con la cruceñidad desde siempre, es una realidad demostrada de que no existe sentimiento de unidad, de respeto y de amor para con nuestros pueblos colonizados, pues después de la violación de nuestros derechos fundamentales y soberanos a la libre determinación en 1825, se nos ha mantenido como territorios y pueblos secuestrados que sólo sirven para expandirse etnográficamente, dentro de nuestra tierra que supuestamente es el pachamama de los incas para la sociedad altoperuana.
La alianza reprochable e incalificable que llevó a nuestra fraudulenta e ilegal anexión, ejecutada por la oligarquía poderosa y hegemónica altoperuana irrespetando nuestra historia y nuestra cultura diferente, se muestra cuando el Mariscal Antonio José de Sucre afirma textualmente en su carta del 25 de diciembre de 1824 desde Abancay, con la clara actitud de vacilación y repugnancia en que se debatía con respecto a pasar el río Desaguadero, luego cambiada cuando toma contacto personal con Casimiro Olañeta que enamorándolo con su elocuencia, lo lleva a nombrarlo Auditor General del Ejército Libertador y responsable de la redacción del Decreto del 9 de febrero de 1825.
La decisión asumida por Antonio José de Sucre se prueba y se lee en la carta enviada a Simón Bolívar desde Puno con fecha 3 de febrero de 1825 que dice : “ este doctor Olañeta que es tan patriota y que parece tiene talento, lo nombraré Auditor General del Ejército, que es el más grande rango que hay que darle aquí; el ha sido oidor de la audiencia de Chuquisaca. En fin lo trataré con toda distinción, pues, además que lo merece, me dicen que tiene un gran influjo en todas la provincias ”.
La falsedad histórica que se acusa de conceptuarnos a la cruceñidad colonizada como si fuéramos parte de la Audiencia de Charcas, desaparecida y extinguida en 1776 y que quedó reducida solamente a la circunscripción de la Intendencia de Chuquisaca, demuestra la tergiversación y la impostura de involucrarnos con el Collasuyo del Alto Perú boliviano. Tal embuste esta en la proclama para la emancipación de Charcas lanzada por el General Carlos Medinaceli, originario de Chichas y Charcas desde Cotagaita el 1º de febrero de 1825 cuando dice: “ compatriotas y camaradas, ha llegado el día en el cual como naturales del país y soldados de la patria, debemos pronunciarnos y proclamar la independencia y autonomía de nuestra patria Charcas mal llamada Alto Perú, del imperio español y a la vez de los ex virreinatos hoy República del Perú y las Provincias Unidas del Río de La Plata ”.
La proclama de la cual se hace referencia demuestra que con la ya República de Santa Cruz de la Sierra hasta 1825, existe un equivocación definitiva y desfasada en el tiempo porque fuimos libre e independiente cuando dice: “ después de dieciséis años de la muy sangrienta lucha en guerrillas, combates y batallas por la libertad, debemos liberarnos al fin de la tiranía y el despotismo español, que nos ha sojuzgado cerca de tres siglos, desde la conquista española del imperio incaico, autónomo y propio de nuestro país, el año 1533 en Cajamarca del Perú y en Charcas ”.
8. LA FALTA DE UN TRATADO EXISTENTE ENTRE EL ALTO PERÚ CON NUESTRA NACIÓN DE LA CRUCEÑIDAD ANULA LA ANEXIÓN FRAUDULENTA EN LA REPÚBLICA BOLÍVAR Y NOS PERMITE EL DERECHO A LA DESCOLONIZACIÓN
La falta de un tratado para unirnos libremente y por decisión propia a la República Bolívar , muestra el fraude con que nos colonizaron los poderes andinos del Collasuyo del Alto Perú boliviano, pues inclusive se determina que no se cumplieron con las recomendaciones de Simón Bolívar a Antonio José de Sucre, sobre el derecho a la independencia de la Audiencia de Charcas confundida con la Intendencia de Chuquisaca o Charcas, en la pretensión fraudulenta de involucrarnos como resabio de la extinta audiencia.
La alegación de Simón Bolívar sobre la imposibilidad del rompimiento del derecho público reconocido en América, la tenemos cuando en su carta del 21 de febrero de 1825 le dice a Antonio José de Sucre: “ pero ni Quito ni Charcas pueden serlo en justicia a menos que, por un convenio entre partes, por el resultado de una guerra o de un congreso se logre establecer y concluir un tratado ”. La inexistencia de una guerra del poder altoperuano aliado con el ejército colombiano – peruano al mando de Antonio José de Sucre, de igual manera la falta del tratamiento sobre lo convenido en los 21 puntos de la cruceñidad para el Congreso del Alto Perú en Oruro. Así como el no establecimiento de un tratado entre la República de Santa Cruz de la Sierra con las provincias del Alto Perú, hace que la demanda de Nulidad Absoluta ante el Tribunal Internacional de Justicia, pueda ser efectuada por cualquier autoridad de los actuales departamentos autónomos al oriente de la cordillera de los Andes en Bolivia.
El camino de la emancipación y la liberación de nuestros pueblos colonizados, tiene que ser demandada mediante el uso la doctrina del Derecho Internacional Público, para que se repare el daño histórico y real que se ha infringido a nuestra nación de las llanuras desde 1825 por el todopoderoso militar Antonio José de Sucre, en complicidad con el libertador de la gran Colombia y el Perú que aprovechando la fuerza militar nos coacciona para determinar autoritariamente integrarnos al Alto Perú y por lo tanto, esta nulidad absoluta demandada puede ser declarada aun declarada de oficio por el Tribunal Internacional de Justicia, porque no puede ser saneada por la ratificación del Estado afectado por la condición fraudulenta y coactiva que significó llevarnos a la colonización por parte de una nación foránea y culturalmente de influencia incaica.
La situación de desajustes procedimentales en la justicia internacional, mantenida dentro de los vaivenes de intereses políticos y doctrinarios debe ser corregida para encausarla ante el hecho de que no se hubieran llevado adelante en relación a este concepto con la declaración de nulidad de oficio, pese a que como agresión constituye una omisión en derecho internacional claramente demostrada al ser República colonizada, por lo que tenemos todo el derecho a demandar esta nulidad de nuestra fraudulenta anexión por ser inalienable y salir algún día de la postración en que nos encontramos, con una emancipación y liberación que necesariamente tiene que ser real.
La lucha para lograr la descolonización en que nos encontramos debe ser emprendida en forma tesonera y con tal fuerza espiritual, formando entre todos los pueblos al oriente de la cordillera de los Andes como parte de la cruceñidad, un grupo de profesionales en derecho internacional para fundamentar una demanda apoyada por un análisis de nuestra verdadera historia, manejada como prueba contundente y definitiva por los publicistas o historiadores de nuestros pueblos cautivos y colonizados, en la necesidad y determinación de que es hora de cambiar el discurso colonialista en que nos tienen sumidos y convencidos, para lograr nuestra reivindicación como nación de origen Tupiguaraní y mantener así nuestro respeto dentro de la asociación y unidad con la República andina de Bolivia que nos colonizo desde 1825.
Santa Cruz de la Sierra , noviembre de 2008 |
